COMUNICADO DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE EN ESPAÑA

Sobre el EPU de España en la ONU del 22/01/2020

El pasado miércoles 22 de enero, en el 35º periodo de sesiones del Tercer Ciclo de revisión, España se sometió al Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso singular que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El EPU es un proceso dirigido por los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia. 

En la sesión, España fue preguntada por diversas cuestiones, entre ellas las medidas adoptadas por el Gobierno a raíz del informe elaborado por el Grupo de Expertos de la ONU sobre la situación de la comunidad afrodescendiente en el país, del que resultaron 30 recomendaciones para iniciar la reparación de nuestra comunidad en España.

Sobre las relaciones entre el Gobierno de España y la Comunidad Afrodescendiente

El representante de España indicó el pasado miércoles que el Gobierno ha iniciado conversaciones con nuestra comunidad. Si por iniciar conversaciones se refiere a invitaciones a asistir al Congreso como espectadores, entendemos que en ningún caso eso puede considerarse una Mesa de Diálogo oficial para tratar asuntos de la afrodescendencia en España, puesto que la asistencia al Congreso de los Diputados es algo al alcance de cualquier persona mediante los trámites estipulados.

Si el Gobierno de España tiene realmente intención de iniciar conversaciones al respecto del trato hacia la comunidad afrodescendiente en España, estamos en disposición de dialogar para iniciar esas conversaciones que, a día de hoy, no se han producido.

Sobre el marco legal

Si bien es cierto que el Código Penal español tipifica como delitos y castiga como tal, aquellas conductas que conlleven, promuevan o fomenten la discriminación por raza, etnia, ideología, religión o cualquier otro derecho fundamental de las personas, en la práctica, de forma continuada se producen situaciones públicas y notorias de contenido racista y xenófobo que no son investigadas y/o sancionadas por la autoridad competente y que sitúa en clara situación de indefensión a las personas que son víctima de este tipo de hechos.

No solo no se aplican dichas sanciones, sino que, cuando alguna persona se ha decidido a denunciar ante las autoridades situaciones de racismo, lo más habitual es que se haya encontrado con que, de manera pertinaz, hayan negado que dicha situación haya sido provocada por una cuestión de discriminación racial o xenófoba. Así pues, la tipificación de los delitos de racismo y xenofobia como tal no llega casi nunca a darse, por tanto, la condena por estos delitos es prácticamente inexistente.

Ampararse en la existencia de este marco legal es a todas luces insuficiente, porque entendemos que de poco sirve que exista dicho marco, si cuando es necesario aplicarlo no se hace, e incluso se disuade a la persona agraviada y denunciante del motivo real del delito que está denunciando.

Tanto las declaraciones del representante de España en el examen EPU como la emisión del informe anteriormente citado, ponen de manifiesto el nulo interés que tiene el Estado español en iniciar acciones de reparación y paliación de las consecuencias de su gestión pasada y reciente sobre la diversidad étnico racial en este país. Lo que es en sí mismo, un acto de discriminación y racismo institucional, como venimos denunciando desde diversos colectivos y plataformas.

Cuando denunciamos el racismo institucional, nos referimos a este tipo de prácticas invisibilizadoras de nuestras realidades, que no tienen otro objetivo que mantener el status quo del Imperio-estado español y las jerarquías raciales y económicas de las que se nutre este sistema para sostenerse. 

Dicho de otra manera, si no se da credibilidad a la problemática, no se considera ni tan siquiera un asunto a tratar, de lo que se deriva que no hay nada que solucionar, porque no existe ningún conflicto ni en la opinión pública ni en la agenda política.
Lo que está haciendo España es ignorarnos; exponernos a las agresiones racistas sistemáticas, dándoles un refuerzo positivo implícito; negarnos un marco social, político y económico para el desarrollo democrático  de nuestras vidas y de nuestra descendencia y, sin duda, humillarnos.

Sobre Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE)

En las declaraciones del pasado miércoles, el representante de España prácticamente tipificó de residuales la existencia de estos centros, citando solamente dos (Ceuta y Melilla) y además, tuvo la desvergüenza de negar su cercanía formal y de trato a los centros carcelarios, mintiendo flagrantemente al decir que “las personas allí retenidas gozan de libertad de movimiento”.

Los colectivos y plataformas de nuestra comunidad y los de otras comunidades racializadas, vienen denunciando ya desde hace mucho tiempo la situación absolutamente irregular que se vive en estos centros ocupados en gran parte por hombres afrodescendientes y magrebíes, donde definitivamente se vulnera de forma flagrante el derecho a la libre circulación y elección de residencia recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos .

Sobre las identificaciones por perfil racial

El representante de España en el  EPU declaró sobre este tema que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana promulgada en 2015, recoge explícitamente el respeto a los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación, para llevar a cabo las identificaciones en vía pública, lo que es igual a no decir nada.

En la práctica, la ley que prohíbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ejercer identificaciones basándose en perfil racial es la misma que ampara la arbitrariedad de su criterio de aplicación al indicar que: 

“los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas (…) cuando se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad, para prevenir la comisión de un delito”.

O lo que es lo mismo: 

Es el propio agente quien determina cuándo es necesario identificar a alguien según su propio sesgo.
Justamente lo que se viene denunciando es el sesgo racista, bajo el cual las identificaciones amparadas por este supuesto son siempre a personas racializadas, de nuevo mayoritariamente afrodescendientes y magrebíes.

Lo que se desprende en general de estas declaraciones y del informe emitido el año pasado, es que España no tiene ninguna intención de tomar ninguna medida efectiva al respecto. Entendemos que las medidas legales son solo el marco bajo el cual se han de amparar otras de carácter social, educativo y cultural que permitan integrar la diversidad étnico-racial en la sociedad española y que, a nuestro entender, son el único camino posible para provocar los cambios profundos que España necesita para avanzar hacia el futuro de manera digna para todo el mundo.

ADHESIONES

Personas y organizaciones que han trabajado y/o comparten lo expresado en este comunicado:

PARTICIPA EN AFK!

AfroFem Koop es un asociación sin ánimo de lucro con sede en Barcelona. Luchamos por el desarrollo integral de la comunidad afrodescendiente, especialmente mujeres e identidades NB, en los ámbitos educativo, cultural y político y contra la feminización y racialización de la precariedad laboral.
Colabora y participa de diferentes formas:

SUSCRÍBETE

Únete a la Comunidad AFK, un espacio privado de creciemiento colectivo. ¿Te lo vas a perder?

ASÓCIATE

Las socias de AFK potenciamos y apoyamos el desarrollo de las mujeres negras y afrodescendientes y la unión de nuestra comunidad a través de diversas líneas de acción. ¡Ser socia tiene muchas ventajas!

CONSULTA NUESTROS SERVICIOS

Contrata talleres, actividades o asesorias para tu Organización o Colectivo